El Gobierno contra los pobres

Por Juan Fernando Carpio Tobar Director, Instituto para la Libertad jfcarpio@gmail.com El Ecuador se encuentra en una situación de pobreza y desesperanza provocada totalmente por actos ilegítimos de gobierno de las últimas décadas. Cada acto ilegítimo de gobierno, sea una ley, organismo o programa, tiene fuertes costos sociales en el mediano y largo plazo. Pero si hablamos de actos ilegítimos, ¿cuáles son los legítimos? Las únicas funciones tolerables de un gobierno son: la defensa de la vida y la defensa de la propiedad. Así de claro lo escribieron los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Ciertamente se revolcarían en su tumba al conocer el rumbo colectivista y estatizante en que se transformó desde la Segunda Guerra Mundial su ideal de la primera sociedad libre del mundo contemporáneo. ¿Cuáles son los actos ilegítimos de gobierno? Todos aquellos que atentan directa o indirectamente contra nuestra vida y nuestra propiedad, siendo esta última el fundamento de la cooperación social civilizada. Nos hacen daño los impuestos, pues implican que otros tienen derecho al fruto de nuestra productividad y se nos lo debe quitar bajo amenaza de fuerza. Nos hacen daño los controles de precio, pues destruyen el estímulo para producir y bajar los precios real y progresivamente en libertad. Nos hace daño que existan empresas públicas, que aparte de ineficientes, convierten al gobierno en competencia de los ciudadanos a los que supuestamente representa imparcialmente. Nos hacen daño las leyes que regulan la producción y el comercio, pues imponen costos altísimos y son una barrera para que nuevos competidores beneficien a millones de consumidores. Los impuestos afectan a los pobres, pues en vez de bono solidario o de obras con cargo a la deuda externa, agradecerían más y mejores fuentes de trabajo en empresas cada vez más sólidas y grandes. Los controles de precio y reglamentaciones productivas crean cientos de posiciones burocráticas que terminan manifestándose como desgaste empresarial o como extorsión de parte del funcionario. Y las empresas públicas con sus pésimos servicios y nula capacidad de innovación mantienen a millones de familias sin posibilidad de elegir proveedores. No es difícil derivar docenas de otros efectos invisibles de tales actividades politizadas. Quien bien te quiere te hará llorar. Tal vez si los políticos ecuatorianos estudiaran seriamente los resultados de tanta ayuda, tanta protección y tanto impulso a las actividades privadas que nos brindan, se quedarían quietos. Eso los bienintencionados, porque los que se benefician de la situación actual seguirían vendiéndonos el mapa para llegar al cielo. Hay muchos mitos que arrojar al basurero. Eso claro está, si queremos abandonar el estado calamitoso en que los actos ilegítimos de gobierno nos han dejado en las últimas décadas. Mejor sería exigir que nos den justicia y seguridad, que hagan menos pero lo hagan muy bien.